01 abril 2010

Correos y Telégrafos, rotundo fracaso en salud laboral y prevención

De fracaso absoluto, debe calificarse el sano intento del Ministro de Fomento, Pepe Blanco, por dar solución a la caótica política de personal y de prevención de riesgos y salud laboral, en la mayor empresa de España, bajo su tutela.

Las ilusiones puestas en el nombramiento de Luis Pérez Capitán, se han frustrado.

Quizás el perfil del nuevo Director de Recursos Humanos de Correos y Telégrafos, no sea el más idóneo para llevar a buen término una mejora moderna de esta empresa, que es una sociedad anónima, en la que hay muchos funcionarios que ejercen como empleados ordinarios pero, cuya relación jurídica está sometida al derecho administrativo. O quizás, este señor, no puede hacer uso de su destreza por, mantenerse en la cúspide a personas antigüas con prácticas propias de otros tiempos, desde la perspectiva de las maneras de hacer, incluso formales.

Decíamos en este sitio que el gran número de bajas por enfermedad en Correos, dejaba patente el fracaso de la política de prevención de riesgos, tras aquel artículo ha coincidido que la empresa procedió a ordenar la reincorporación de un número muy importante de empleados de baja por enfermedades comunes y profesionales, incluso accidentados en el trabajo. La fórmula motivada por el exceso de tiempo de baja, próximos a agotar el tiempo máximo establecido en la normativa y motivada por la impotencia de los gestores acostumbrados a "lo público", se basa en la decisión adoptada, encargada a un trino médico, que vienen en llamar "tribunal", el cual a distancia decide que el empleado esta APTO para el desempeño del trabajo y, hacen esto sin mediar ningún tipo de comprobación respecto de la repercusión de la patogía en el desempeño del trabajo habitual.

Resulta absurdo e insultante para los interesados o, para cualquier observador, que tres médicos se brinden a firmar una certificación de aptitud de un enfermo, al que no han visto, del que no conocen los movimientos o la afectación de su patología respecto del trabajo que desempeña. La prueba más real está, en que la propia empresa carece de historia clínico-laboral de sus empleados, es un desprecio.

Fracaso, es la palabra.

El nuevo Director de Recursos Humanos, no ha sabido o no ha podido dar solución al problema, las excasas evaluaciones de riesgos laborales, se realizan carentes de rigor, produciéndose situaciones en las que se da por buena y suficiente, una revisión de tareas, por ejemplo, de un cartero (reparto a pie), simplemente evaluándose el momento de la clasificación en la cartería, con presencia de un miembro de la empresa quién patéticamente, actúa irregularmente en la evaluación, haciendo él mismo, los movimientos que debe hacer el trabajador y obviándose por todos (empresa, médicos y técnicos de prevención), que un cartero realiza el ochenta y cinco por ciento (85 %),  de sus tareas en el exterior de la oficina de Correos, que trabaja en la calle, en los portales, entra en los talleres y fábricas, sube cuestas, escaleras urbanas y domiciliarias, clasifica en los buzones de cada uno de los portales de su recorrido, etcétera, etc. Una evaluación de riesgos ha de hacerse individualmente, dos trabajadores realizando una misma función, incluso uno al lado del otro, tendrán, por pura lógica, resultados distintos.

¿Cómo pueden obviarse, por los responsables de la empresa, cuestiones que cualquier ciudadano observa y conoce?

Pérez Capitán nos ha defraudado, no sólo como Director de Recursos Humanos, sino también como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, pues su destacada figura proviene, que sepamos, de su condición de Inspector y cómo tal, no puede pasar por alto el cumplimiento exhaustivo de la normativa. Son muchos los Inspectores de Trabajo que han detectado irregularidades en Correos, entre otras, en materia de Salud Laboral y, también han detectado que tanto los carteros de a pie, como otros trabajadores de la carga y descarga o, de la clasificación, hacen tareas repetitivas, hacen tareas que no les corresponden a sus puestos de trabajo, causan bajas por enfermedades adquiridas en el desempeño de sus funciones en la empresa. Nos encontramos, con que, como solución especializada de un docto individuo, traído para dar soluciones, se dispone la de obligar a los enfermos a reincorporarse, sin el más mínimo respeto por su salud, contraviniéndose su derecho constitucional a la integridad física, en base a un certificado de aptitud a distancia.

Y todo ello, en tiempos de crisis, con el dinero de todos. En momentos en los que el Gobierno pretende incentivar la prevención en las empresas, momentos en los que el ejemplo ha de hacerse radicalmente desde dentro.

Salvo mejor parecer

Baldo