Foto: Baldo
Considerando tales extremos, queda la reflexión tranquila que conduzca a una decisión firme que desemboque en la elección de aquellas opciones que traigan dinamismo, transparencia y buen hacer.
Opciones que vivan la realidad de la vida con respeto pleno a los derechos de las empleadas y empleados, que tengan como premisa el dialogo y la negociación consensuada y previamente consultada con sus propias bases y con la generalidad de los destinatarios.
No es lícita una conducta empresarial con el aval sindical que produzca una merma de los derechos de los empleados de Correos; tampoco lo es utilizar el aparato del Estado para masacrar transitoriamente a quienes por no casarse con su causa, no interesan en un momento dado y que, actúan así porque aún sabiendo que tarde o temprano podrán recobrar su posición inicial, parten de la seguridad de que mientras tanto no darán la lata.
Es inadmisible que una empresa del Estado adopte medidas contrarias a los derechos fundamentales de las personas, con intencionalidad y con alevosía.
No es de recibo el incumplimiento descarado de la normativa en materia de salud laboral, hasta el punto de no disponer de los órganos pertinentes desprotegiendo a sus empleados incluso, sin vigilar su salud aún después de conocer sus características patológicas.
Todas estas cuestiones en gran medida podrían subsanarse acertando en la opción a elegir respecto de los representantes que habrán de defenderlas durante los próximos cuatro años.
Ahora bien, dicho lo anterior, hay que afirmar que tales cuestiones también se solucionan por otros cauces, otras salidas cuya iniciativa está en marcha y pondrán a cada uno en su sitio, sin lugar a dudas.
Salvo mejor parecer
Baldomero Gómez
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