El Tribunal Constitucional ha venido a interpretar tímidamente, lo que venimos planteando de largo en este sitio sobre la potestad que la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, tiene en materia de funcionarios, respecto de aquellos que sin solución de continuidad se mantuvieron en activo en el momento de la inscripción de la escritura de constitución de la referida sociedad anónima estatal. Comparte el Constitucional la brillante intervención del Fiscal General del Estado, quien interviene solicitando la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de Barcelona, respecto del artículo 58 puntos 7 y 8 de la Ley 14/2000, por el que se creó la Sociedad Anónima Correos y Telégrafos; basándose en la previa audiencia de las partes que no conocieron, por no haberse hecho referencia a algunos preceptos señalados posteriormente como infringidos (artículos 25.3 y 149.1.18), por lo que acogiendo la solicitud del Fiscal General no fueron tenidos en cuenta tales artículos. Respecto de los demás preceptos señalados por el Juzgado en su cuestión de inconstitucionalidad (artículo 23.2 y 103) manifiesta el Tribunal Constitucional que no son infringidos por el hecho de que funcionarios públicos presten servicio en sociedades estatales públicas. Pero en definitiva el Constitucional no admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad.
Dice el Tribunal: “ha adquirido carta de naturaleza la creación por la Administración de entes institucionales bajo formas privadas de personificación, muy en particular bajo la forma de sociedades anónimas, lo que conduce a la actuación bajo un régimen de Derecho Privado de entes que se han personificado bajo una forma jurídica pública…” hace hincapié en que: “…Se ha dicho también que la forma mercantil supone la introducción en el tráfico de una entidad que externamente, en sus relaciones con terceros, va a producirse bajo un régimen de Derecho Privado, pero internamente tal sociedad es realmente una pertenencia de la Administración… un ente institucional propio de la misma, y a estos conceptos responde la regulación legal española” y dice también: “En el caso de la prestación del servicio público postal se han sucedido diversas fórmulas organizativas, sin que ello haya supuesto una ablación del vínculo funcionarial de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicaciones” ello es así lógicamente pues los funcionarios que prestan servicio en la empresa, como venimos insistiendo de tiempo conservan su condición de funcionarios de la Administración del Estado en sus Cuerpos y Escalas, como también recalca el propio Tribunal Constitucional.
En otro artículo de este sitio nos planteábamos si una vez sabido todo lo que antecede, resumiendo: “Que a correos por disponerlo el artículo 58 de la Ley 14/2000, le corresponden (excepto la separación del servicio) todas las restantes facultades, derechos y obligaciones, respecto del personal que conserve la condición de funcionario…que ejercerá dichas facultades a través de los órganos que se determinen”; nos planteábamos si, tales órganos deberán tener la condición de un órgano administrativo, conforme al artículo 103.2 de la Constitución – Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley- y si sus titulares deberán cumplir los requisitos legales de los titulares de los órganos administrativos de conformidad con la ley, igual que cualquier otro órgano propio de la Administración.
Deberemos esperar a que tales dudas puedan ser aclaradas, y a ser posible con la brillantez con que lo ha hecho el Fiscal General del Estado respecto de lo dicho más arriba, planteamientos que fueron acogidos y suscritos por el Tribunal Constitucional.
¿Han sido determinados tales órganos por el Gobierno? Baldomero Gómez
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